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Las protestas colombianas reflejan una profunda crisis de legitimidad

Las protestas colombianas reflejan una profunda crisis de legitimidad

El 28 de abril, estallaron protestas en Colombia después de que el gobierno de derecha de Iván Duque propusiera aumentar los impuestos en medio de la tercera ola de la pandemia de coronavirus. Si bien el presidente retiró la controvertida propuesta de reforma tributaria ante la indignación pública, las manifestaciones persistieron, agravadas por una brutal represión.

Al menos 40 manifestantes murieron y cientos resultaron heridos por las fuerzas de seguridad y hombres armados vestidos de civil. Muchos fueron arrestados y decenas de mujeres sufrieron abusos sexuales por parte de agentes de policía.

La escalada de violencia refleja no solo el fracaso del gobierno a la hora de abordar las quejas socioeconómicas de larga data, sino también su creciente pérdida de legitimidad y el retroceso de la democracia. Esto pone al país en riesgo de regresar al conflicto.

El detonante: una reforma fiscal injusta

El gobierno colombiano anunció inicialmente la reforma tributaria propuesta como una medida diseñada para recaudar ingresos para implementar un esquema de “ingresos solidarios” para ayudar a los colombianos más afectados por la pandemia COVID-19. Pero la forma en que se formuló el paquete de reformas dejó en claro que haría más daño que bien a los pobres y vulnerables.

Aunque el paquete de reformas incluía un impuesto sobre el patrimonio para las personas con activos superiores a 1,35 millones de dólares, también contenía muchas disposiciones que habrían perjudicado a las familias de bajos ingresos. Habría reducido el límite a la renta imponible y aumentado las pensiones y el impuesto al valor agregado (IVA), lo que habría aumentado significativamente los precios de los artículos de subsistencia, como huevos, leche, queso y carne.

Otros elementos de la reforma beneficiaron al sector privado y a grupos económicos específicos. Incluyeron el mantenimiento de varias exenciones fiscales para varios sectores, incluido el financiero, que benefician principalmente a los empresarios adinerados.

Si bien el gobierno afirmó que la reforma fiscal era necesaria para ayudar a mitigar los efectos de la pandemia en la economía colombiana y el presupuesto estatal, el gobierno también estaba presionando por algunos gastos cuestionables, incluidas las costosas compras de armas de Estados Unidos.

Si bien algunos elementos de la reforma podrían tener efectos positivos en la economía, como los incentivos fiscales para los sectores vulnerables, el aumento del IVA indicó una desconexión entre las élites dominantes y las experiencias vividas por grandes segmentos de la población.

Se estima que 3,5 millones de personas han caído en la pobreza debido a la pandemia COVID-19, lo que eleva el número de personas que viven en la pobreza de 17,5 millones en 2019 a 21 millones (42,5% de la población) en 2020. La crisis ha afectado gravemente los empleados en el sector informal, que constituyen la mitad de la población activa. No se habrían beneficiado de ninguna devolución de impuestos que los trabajadores formales hubieran disfrutado como compensación por el aumento del IVA.

La respuesta del gobierno: violencia y calumnias

La respuesta inicial del gobierno a las críticas intersectoriales a su propuesta de reforma tributaria fue completamente sorda. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, acudió a los medios de comunicación tratando de defender el paquete, pero terminó revelando que no tenía idea de cuánto cuesta la comida básica. Hablando sobre el efecto de la extensión del IVA, dijo que los huevos cuestan una cuarta parte de lo que realmente cuestan en el mercado, generando más ira pública.

Cuando comenzaron las protestas, en lugar de entablar un diálogo abierto y escuchar las quejas de la población, el gobierno lanzó una campaña de desprestigio. Trató de retratar las manifestaciones como una conspiración radical de izquierda que desestabilizaría el país.

Varias figuras progubernamentales han acusado públicamente a los organizadores de la protesta de intentar instaurar un régimen de “castrochavismo” en Colombia. Estas teorías de la conspiración se han difundido en algunos sectores de las fuerzas armadas y la policía, quienes creen genuinamente que los manifestantes pretenden derrocar al Estado para hacer avanzar una revolución de izquierda.

Armando estas narrativas, el gobierno fue más allá y ordenó la represión de los manifestantes, movilizando fuerzas de seguridad y militares, quienes desplegaron tanques y utilizaron la violencia para dispersar a las multitudes desarmadas, en su mayoría pacíficas.

Incluso cuando las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos condenaron la violencia, el gobierno no respondió y no controló a las fuerzas de seguridad. Su desprecio por las quejas de diversos sectores de la población, e incluso de sus vidas, llevó la movilización popular a un nivel nunca visto en décadas.

Movilización como resultado de los acuerdos de paz de 2016

Si bien la reforma fiscal propuesta ha sido el detonante de protestas recientes y la respuesta violenta del gobierno, su combustible, las raíces sociales del descontento general son mucho más profundas que eso.

Durante años, los gobiernos no han podido hacer frente a la creciente desigualdad en la sociedad colombiana mientras los esfuerzos por reducir la pobreza se han estancado. Bajo la influencia de la clase adinerada de Colombia, repetidamente tomaron decisiones políticas que hicieron a los ciudadanos más vulnerables y más sospechosos del estado.

Pero las protestas también deben verse en el contexto de los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), que pusieron fin al conflicto de cinco décadas entre ellos.

Con la disminución de la violencia entre las FARC-EP y el gobierno, los movimientos sociales han ganado más espacio para la movilización. Los acuerdos de paz también crearon la expectativa de que, una vez finalizado el conflicto armado, el gobierno se volviera más receptivo a las quejas de sus ciudadanos.

Sin embargo, incluso después del acuerdo de paz, continuó la violencia contra la población civil. Fueron asesinados líderes indígenas, activistas sociales, defensores de derechos humanos, campesinos y ambientalistas, quienes defendieron los derechos de diversas comunidades y trabajaron para implementar las disposiciones de los acuerdos de paz de 2016. El gobierno no ha tomado medidas serias para frenar la violencia continua o responsabilizar a miembros de las fuerzas de seguridad o actores no estatales, como cárteles, grupos armados de izquierda y derecha, que aún victimizan a los civiles colombianos.

Mientras tanto, gran parte de la élite política sigue percibiendo las demandas de reformas democráticas como conspiraciones de izquierda para derrocar al Estado.

Una crisis de legitimidad

Las protestas de las últimas semanas, aunque desencadenadas por varias quejas socioeconómicas y alimentadas por la respuesta violenta del gobierno, también demuestran la continua ausencia de canales adecuados a través de los cuales los ciudadanos puedan hacer que su gobierno rinda cuentas.

Parece que las élites dominantes esperan que la población en general acceda silenciosamente a cualquier política que decidan seguir. La narrativa que utilizan frente a la movilización popular se centra en “restaurar el orden”, lo que significa garantizar la sumisión con el uso de la fuerza brutal.

Pero la idea de que la legitimidad del Estado deriva del monopolio de la fuerza es obsoleta. La adopción de la coerción por parte de las élites dominantes es parte de una peligrosa tendencia hacia la erosión de la democracia participativa en América Latina y más allá.

Colombia es un país en el que históricamente el liderazgo político ha temido la movilización, incluso cuando se hace de manera pacífica. Estos temores llevaron al cierre de vías de representación y participación política. Han alimentado ciclos de violencia, incluido el conflicto armado con las FARC, del que el país aún se está recuperando.

El actual gobierno está repitiendo los errores del pasado, difamando a los manifestantes y ordenando la dispersión violenta de las manifestaciones. Tampoco está implementando los acuerdos de paz de 2016.

La pérdida de legitimidad conlleva grandes riesgos para Colombia. Esto se refleja en la escalada de violencia contra las fuerzas policiales, que tiene el peligroso potencial de alentar a la población civil a unirse a los grupos armados que aún están activos en el país. Esto, a su vez, podría ser utilizado por la élite gobernante para reiniciar los esfuerzos de contrainsurgencia y cerrar los canales democráticos de participación y representación, como lo ha hecho en el pasado.

Los acontecimientos actuales ponen a Colombia en una encrucijada. Si el gobierno opta por reconocer las quejas de la población y entablar un diálogo, puede ayudar al Estado a recuperar la legitimidad y trabajar para fortalecer el contrato social. Si elige continuar la militarización de las ciudades y su desprecio por las necesidades de la población, debe prepararse para más disturbios y presiones internacionales para cambiar el rumbo antes de que el país entre en otro conflicto.

Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen a los propios autores y no reflejan necesariamente la posición editorial de Al Jazeera.

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