El presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció la semana pasada la concesión de clemencia ejecutiva a todas aquellas personas presas por posesión simple de cannabis. El gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi aplaudió la medida al afirmar que el indulto a los convictos por cannabis representará un ahorro al Estado en el futuro al tiempo que puede beneficiar al sector laboral de la nación.
Indulto a convictos por cannabis una forma de ahorro
El gobernador se ha confesado contrario al encarcelamiento de usuarios de cannabis pues su enfoque para estos casos debe ser salubrista. Alega que el indulto representará un ahorro para el Estado a futuro. “Las personas que estaban en prisión por posesión de cannabis hoy en día hubieran tenido una licencia medicinal y es probable que no hubiesen tenido algún tipo de problemas. En términos económicos es una forma de ahorro válida y representa un beneficio claro”, agregó.
La Secretaría del Departamento de Corrección y Rehabilitación informó que cada confinado le cuesta al Estado más de 42,000 dólares anuales, incluyendo a las personas que son arrestadas por delitos en discusión. Sostienen que sea cual sea el delito, menor o mayor, todos deben ser incluidos dentro de los servicios de la población correccional.
Las comunidades marginadas las más afectadas
Según las estadísticas, “las personas arrestadas por consumo de cannabi en los Estados Unidos provienen de las minorías, es decir, las personas hispanas, afroamericanas y demás comunidades marginadas al no tener los recursos para una defensa legal correcta “, según Federico Hernández director de la asociación de miembros de la industria de cannabis medicinal.
Felicitó la medida de la administración Biden como un acto de justicia para las comunidades desaventajadas que son las que por lo general deben cumplir este tipo de condena. “Si alguien lo detiene y no tiene la identificación vigente de cannabis lo procesan como delincuente perjudicando a la sociedad al restar una persona que puede estar trabajando. Eso daña la moral y a la persona, ellas gastan dinero y el Estado gasta dinero. Es devastador que todavía en la isla de Puerto Rico el cannabi sea ilegal”, sentenció Hernández.
Diversas organizaciones han abogado por años por la descriminalización total del cannabis en Puerto Rico cuyo uso está limitado a los pacientes de cannabis. Los defensores de esta medida sostienen que de llegar a legalizarse podría tener un impacto financiero positivo sobre el país.
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