El Comercio  

Bogotá es una ciudad parecida a Lima. La construcción está en auge, el dinamismo de la ciudad es desmedido y el tráfico  de vehículos intenso. Se trata de una urbe de cerca de ocho millones de personas en constante trajinar. Sin embargo, a  diferencia de Lima, por debajo de las calles bogotanas corre un poderoso recurso que ha mejorado la economía de  Colombia. Un recurso al que también tiene acceso el Perú pero que no lo aprovecha de la misma forma: el gas natural.

Colombia es el país que más éxito ha tenido en la masificación del gas. En solo 15 años ha logrado llevar el gas natural a  472 poblaciones y ha beneficiado con este servicio a más de 5 millones de usuarios. En eficiencia, su expansión ha  superado a Brasil y Argentina, que han demorado más años en desarrollarse.

Para hacer una comparación con el Perú: solo Lima cuenta con el servicio, mientras en el país de la Cumbia son 472  poblaciones que la disfrutan. Como para sentirnos más incómodos con las cifras, a la fecha se calcula que solo 15.000  usuarios de Lima tienen el servicio, mientras que en Bogotá un millón y medio de residencias reciben el gas natural. Y en  Colombia hay más de 5 millones gozando de este recurso.

El secreto está en una marcada planificación. Antonio Celia, presidente de la empresa colombiana Promigas, cuenta que  esto partió de un estudio realizado por el Estado en los años 90 sobre cuán rentable era que la población tuviera gas  frente a otras fuentes energéticas. Se evaluó todo, desde el costo industrial y eléctrico, hasta el hecho de que  poblaciones enteras estuvieran cocinando con leña y, por defecto, el impacto ambiental por la deforestación.

El gas natural tenía todas las de ganar, se trataba de un combustible limpio, económico y que el país disponía en  abundancia. En realidad, una situación muy parecida a la del Perú. El Estado Colombiano consideró que era necesaria su  masificación y para ello diseñó políticas que permitieran lograrla, llevando el gas a los sectores más pobres.

Una de las políticas fue implementar un sistema de subsidios cruzados. La mecánica es bastante sencilla: los que más  consumen (junto con los sectores más pudientes) pagan un adicional para financiar las inversiones y el consumo de los  sectores que no pueden hacerlo.

Este sistema no es nada del otro mundo. En el Perú se aplica para el sector eléctrico, en el que hay categorías de  consumo. Las más altas subsidian el consumo de los sectores más pobres. Antonio Celia indica que es veinte veces más  beneficioso subsidiar el gas que consume una hornilla antes que la electricidad que se utiliza para cocinar.

De esta manera, en Colombia también se logró financiar la construcción de gasoductos a zonas que por su consumo no  resultan rentables, construyendo 6.973 kilómetros de gasoductos. En el Perú solo hay 733 km.

El caso más llamativo es el de Venezuela, que cuenta con más de 170 trillones de pies cúbicos (TCF), 18 veces más que  Camisea, sin embargo recién está evaluando el desarrollo del mercado residencial. Pese a que cuenta con infraestructura  para llevar el gas a diferentes partes de su territorio, Venezuela ha preferido orientar el gas para el sector industrial y  petroquímico.

El otro caso llamativo es el de Bolivia, que dispone de 51 TCF y solo ha logrado trasladar el recurso a 110 mil usuarios.

En el sur de la región, la falta de reservas afecta los mercados del gas de Chile y Uruguay. Ambos dependientes del  humor de Argentina. Chile, sin tener recursos, ha logrado que se beneficien 555 mil usuarios, sin embargo en los últimos  cinco años ha tenido problemas por las restricciones de abastecimiento de Argentina. Frente a ello, Santiago ha  construido plantas de regasificación para importar, vía marítima, gas desde cualquier parte del mundo y distribuirlo por  su red de gasoductos a todo el país.

Finalmente, Ecuador dispone de pocas reservas de gas natural y por lo mismo ha concentrado su desarrollo energético  en los combustibles líquidos.

Luego de Bolivia y Venezuela, los usuarios peruanos son los que pagan la tarifa más baja de la región, aunque el beneficio  llega a muy pocos. Según Antonio Celia, contar con tarifas bajas es riesgoso, pues un mercado con precios bajos  desincentiva a las petroleras a seguir buscando mayores reservas. Eso ya ocurre en Argentina. Lo cierto es que en cinco  años de desarrollo del gas natural en el Perú el alcance de su beneficios es precario. Se requieren mayor infraestructura  y políticas claras que impulsen al país a alcanzar metas más ambiciosas en el desarrollo de este recurso. Quizás mirar el  modelo colombiano nos haría bien.

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